CCDH condena uso de la fuerza en desalojo de planta Pemex de Rosarito

Martes 10 de Enero , 15:09 por Uniradio Informa

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A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE BAJA CALIFORNIA

A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con relación a los graves acontecimientos sucedidos el día de ayer en la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, en el que policías de los tres órdenes de gobierno desalojaron violentamente a las personas que mantenían el bloqueo a dicha Terminal, en protesta por el incremento a los precios de las gasolinas, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), manifiesta:

1.            Las acciones de desobediencia civil, es el ejercicio ciudadano del derecho de reunión y asociación pacífica y respetuosa amparado por el Artículo 9º, segundo párrafo, de la Constitución federal;

2.            La desobediencia civil tiene su origen en medidas tomadas por las autoridades, como los aumentos a los precios de las gasolinas, a los que se suman los aumentos al gas, a la electricidad y, en el caso de Baja California, al impuesto predial y al agua, sin consultar a la población afectada y sin ponderar sus efectos en los derechos fundamentales;

3.            Rechazamos el uso de la violencia como medio para resolver las diferencias, peor aun cuando proviene de las autoridades, que están doblemente obligadas a respetar y a resguardar la integridad física, moral y psicológica y la vida de las personas;

4.            Por las imágenes profusamente difundidas en los medios de comunicación y en las redes sociales, y por los testimonios de personas y periodistas que se encontraban en ese lugar a la hora del desalojo, las autoridades incurrieron en las siguientes probables conductas ilícitas, violatorias de los derechos humanos, en contra de las personas detenidas:

a.            Uso excesivo de la fuerza, que atenta contra la integridad y la vida. Algunas personas, ya detenidas, fueron pateadas y golpeadas en el piso, en una demostración de brutalidad policíaca;

b.            Detención arbitraria (sin flagrancia de delito, sin orden de aprehensión expedida por juez o sin oficio de urgencia administrativa expedido por agente del Ministerio Público);

c.            Derecho al debido proceso de las personas detenidas (lectura de sus derechos, presentación inmediata ante la autoridad competente, permitirles hacer una llamada telefónica, acceder a abogado o persona de su confianza);

d.            Derecho a la presunción de inocencia;

5.            Adicionalmente y a reserva de conocer las declaraciones de los detenidos, falta conocer si algunas personas sufrieron actos de tortura física y/o psicológica y desaparición forzada;

6.            La CCDH repudia y reprueba la agresión sufrida por un grupo de policías estatales preventivos de Baja California, a manos de una persona que conducía una camioneta pick-up que se lanzó contra los servidores públicos, para quienes deseamos una pronta recuperación, así como la detención del responsable y su consignación a la autoridad judicial;

7.            Igualmente, rechazamos las agresiones sufridas en esos incidentes por 10 periodistas de la región, uno de ellos presumiblemente desaparecido por unas horas por las autoridades. Al margen de las lesiones que sufrieron los comunicadores y las afectaciones a sus equipos de trabajo, ello representa una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Todos estos presuntos delitos y violaciones a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y las víctimas deben ser resarcidas en las afectaciones sufridas.

Por las razones anteriores, la CCDH lanza un respetuoso exhorto al Presidente Enrique Peña Nieto, al Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, y a los presidentes municipales de la entidad, para que se abstenga de permitir y tolerar actos represivos de las policías preventivas como el aquí referido, en los que, a vistas, los policías y sus mandos incurrieron en responsabilidad al actuar de manera descontrolada y sin aplicar estrictamente los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, como es su obligación constitucional.

Señalamos también nuestra sorpresa por la inmediatez con que Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reaccionaron ante la agresión sufrida por los policías en los eventos arriba relatados, prometiendo una expedita investigación y castigo al responsable. Sin embargo, no condenaron la brutalidad policial y las afectaciones a la libertad de expresión.

Finalmente, ante el rechazo masivo en todo el país a los aumentos a las gasolinas y ante la imposibilidad de encontrar canales de diálogo efectivo, el Ejecutivo y el Legislativo federal están obligados a escuchar y atender la demanda popular y a dar marcha atrás a dichos aumentos, por lo que nos sumamos al clamor de reformar la Ley de Ingresos 2017, como una señal positiva de gobernabilidad en aras del interés común y la paz social.

Por la CCDH: Daniel Solorio Ramírez, Raúl Ramírez Baena, Ma. Antonieta Robles Barja, Álvaro de Lachica y Bonilla, Soraya Vázquez Pesqueira, Ma. Dolores Ruíz, Silvia Reséndiz Flores, Lilia Antonia León Medina, Vianka R. Santana, Beatríz Ledezma Mariñez, Christian Rojas Rojas.

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